Impuesto por usar las calles de la CDMX
Ya perdió la brújula Claudia Sheinbaum al proponer como parte de la Ley de Ingresos de la CDMX, un nuevo impuesto para usar las calles de la gran metrópoli. Así como lo está oyendo, tal como sucedió en tiempos del dictador Antonio López de Santa Anna, quien pretendió tasar el aire que respiraban los mexicanos mediante el cobro de impuestos por cada ventana o puerta que tuviera un inmueble. El gobernante borracho de poder y de soberbia, castiga a sus gobernados.
En plena pandemia, miles de repartidores encontraron como una alternativa de trabajo el reparto de bienes mediante el uso de automotores, motocicletas y bicicletas; sin embargo, ahora la señora Sheinbaum pretende cobrarles un impuesto por el uso que hacen de la infraestructura urbana.
El gobierno de la aspirante para suceder a López Obrador presentó ante el Congreso local una propuesta para añadir al artículo 307 TER del Código Fiscal de la ciudad, el cobro de un impuesto de 2 por ciento del monto total de ventas, antes de impuestos, por cada entrega que hagan aquellos que operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas informáticas para entregar paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.
La iniciativa propone la creación de un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina, dirigido a plataformas tecnológicas.
Mientras que el Banco de México lucha por frenar la inflación, Sheinbaum crea nuevos impuestos que alienta su crecimiento.
Este ramalazo tributario resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias en estos tiempos de pandemia.
Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional, y representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un periodo complejo como la pandemia.
De igual forma, contraviene la política del gobierno federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital.