Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, junto con los ministros Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán.
Se pronunciaron en oposición a invalidar el artículo 19 constitucional, en el cual se incluye la figura de prisión preventiva oficiosa.
Detalló que, pese a que esta regla es contradictoria a tratados de los que México es parte, no se pueden adoptar reglas de todo el mundo debido a que estas se tienen que adaptar a las leyes de México.
Quien indicó que, si entra en problema una regla universal con una nacional, la Constitución debería ser aplicada primero.
Reconoció que modificar esta regla es facultad del Poder Legislativo, por lo cual mandó un exhorto al Congreso de la Alianza para que revise y modifique esta regla.
Por su lado, la ministra Yasmín Esquivel estuvo de consenso en que no le corresponde a la Suprema Corte inhabilitar una regla constitucional, debido a que sólo está facultada para interpretar las leyes que permanecen incluidas en la Carta Magna.
No obstante, la ministra defendió la utilización de la prisión preventiva oficiosa, al garantizar que eliminarla podría ocasionar más grande inseguridad en el territorio, al igual que va a ir en oposición a los Derechos Humanos de las víctimas al ponerlas en más grande riesgo.