Este martes 12 de octubre un grupo de activistas presentaron ante la corte global, un documento en el que piden que la Corte Penal Internacional investigue al presidente de Brasil Jair Bolsonaro, por un “ataque generalizado sobre la Amazonía, sus defensores y aquellos que dependen de ella”, lo que afecta a la población en general.
La iniciativa del grupo AllRise llegó a menos de tres semanas para la conferencia climática de naciones unidas COP26, que comienza el 31 de octubre de Glasgow.
La cumbre de 12 días pretende conseguir compromisos más ambiciosos para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius con el objetivo de mantenerlo en 1,5 grados en comparación con la era preindustrial.
La cita también aspira a movilizar financiamiento para combatir el cambio climático y proteger a comunidades vulnerables y hábitats naturales.
Desde que asumió el cargo, Bolsonaro ha fomentado el desarrollo en la Amazonía y rechazado las quejas globales sobre su destrucción con el argumento de que son una trama para limitar la agricultura y ganadería brasileñas. Su gobierno también quitó poder a instituciones medioambientales y apoyó medidas legislativas para relajar la protección sobre la tierra, lo que alentó a los invasores de tierras.
“Crímenes contra la naturaleza y crímenes contra la humanidad. Jair Bolsonaro impulsa la destrucción masiva de la Amazonía a sabiendas y con pleno conocimiento de las consecuencias”, dijo en un comunicado el fundador de AllRise Johannes Wesemann. “La CPI tiene un deber claro de investigar crímenes medioambientales de semejante gravedad global”.
Hace dos años, un grupo de exministros y abogados brasileños solicitó que la corte investigara a Bolsonaro por supuestamente incitar al genocidio de pueblos indígenas y no salvaguardar los bosques y tierras protegidas en los que viven.
La fiscalía de la corte recibe cientos de solicitudes de esa clase cada año en las que se detallan supuestos crímenes en diferentes lugares del mundo. Los fiscales están obligados a revisarlas todas y determinar si entran en la jurisdicción de la corte y, en su caso, si ameritan abrir nuevas investigaciones o incorporarse a pesquisas ya abiertas por la oficina.